Santo Domingo -- Con más de 10 años de experiencia como abogado en los tribunales de República Dominicana, Felipe Fortines Yen teme que su carrera profesional quede truncada y su identidad jurídica desaparezca debido a la decisión del tribunal constitucional de anular la nacionalidad de los descendientes de extranjeros sin permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano.
"Ninguna persona debería ser sometida a un nivel de incertidumbre como el que estamos viviendo", dijo Fortines Yen, de 47 años, y a quien las autoridades le niegan la copia certificada de su acta de nacimiento por ser hijo de haitianos que residían en el país ilegalmente.
Fortines Yen, padre de dos menores de edad, necesitaba en el 2009 el documento como requisito para inscribirse en una maestría. Debido a la negativa de las autoridades, no ha podido comenzar su posgrado y teme que cuando venza su licencia de abogado, que tiene que ser renovada periódicamente, tampoco pueda hacer el trámite y no se le permita litigar.
Sus hermanos, una médica y un estudiante de ingeniería, pasan por situaciones similares.
Como Fortines Yen y sus hermanos, miles de dominicanos descendientes de haitianos enfrentan en 2014 una de las mayores encrucijadas de sus vidas.
Tras la decisión del tribunal constitucional que los consideró extranjeros, el gobierno les exige adherirse al programa que los registrará como inmigrantes para ser naturalizados. La alternativa sería negarse a ser naturalizados por considerar que ya son dominicanos, continuar sus protestas y llevar sus casos ante organismos internacionales para tratar de revertir el fallo judicial.
No adherirse al proceso de naturalización, como sugieren Fortines Yen y diversos grupos de derechos humanos, implicará que queden apátridas, sin derechos civiles y expuestos a ser expatriados hacia el vecino Haití, un país que no conocen y en donde no tienen vínculos.
"No pueden ser naturalizadas simplemente porque ya son dominicanos", consideró el abogado Genaro Rincón, quien instrumentó algunos de los expedientes que estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 62 personas a quienes la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, les niega desde 2007 sus documentos de identidad por su ascendencia haitiana.
Explicó que la eventual naturalización implica primero desnacionalizarlos para luego darles una "ciudadanía a medias" porque no tendrían los mismos derechos politicos que un dominicano de nacimiento. De acuerdo con la constitución, los extranjeros naturalizados no pueden aspirar a la presidencia, ni ser jueces de la Suprema Corte. Para postularse al Congreso, deben esperar 10 años después de su naturalización o cinco para un cargo municipal de elección popular.
"Es un absurdo", comentó el abogado Antonio Pol-Emil, quien por ser hijo de haitianos sin residencia legal también podría perder la nacionalidad, pese a que ocupa un cargo de elección popular en su natal San Pedro de Macorís.
"El pueblo votó por mí (en los comicios municipales del 2010) en mi condición de dominicano y la Junta Central Electoral certificó la elección", recordó el también activista por los derechos humanos.
Mientras Fortines Yen teme que lo despoje de su identidad y con ello de su título académico y su licencia para litigar, Pol-Emil se cuestiona sobre la legalidad que tendrán las decisiones y documentos que él ha firmado como regidor una vez que anulen su nacionalidad.
