México — Padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace más de un mes en el sur de México reclamaron al presidente, Enrique Peña Nieto, que no haya localizado a sus seres queridos y llevaron al gobierno a que se comprometiera a rediseñar el plan de búsqueda de los alumnos.
Tras un encuentro privado el miércoles de cerca de seis horas en la residencia presidencial, algunos de los padres que cada día enfrentan una mayor frustración dijeron en rueda de prensa que le dijeron al mandatario que no creerían en los trabajos de las autoridades hasta que no tuvieran resultados concretos sobre el paradero de los jóvenes.
El presidente dijo en un mensaje televisivo que le habían presentado un "pliego petitorio" de 10 puntos, aunque los padres aseguraron que no eran peticiones sino "compromisos" que el propio mandatario y su gobierno asumían, y entre los cuales está la creación de una comisión en la que participen autoridades, estudiantes y familiares para dar seguimiento a las investigaciones.
La desaparición el 26 de septiembre ha sacudido la imagen de mejoría en materia de seguridad que el gobierno federal había intentado mostrar dentro y fuera del país desde que llegó al poder en diciembre de 2012.
"No vamos a confiar en las palabras del presidente ni en los compromisos que dio a conocer (...) hasta que nos presente a los 43 normalistas vivos", dijo Felipe de la Cruz, uno de los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que según autoridades fueron detenidos por policías y entregados miembros de un grupo del narcotráfico.
"Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos", añadió el hombre acompañado de otros padres y familiares reunidos en las instalaciones de un centro de derechos humanos que los acompaña.
Poco antes, en un mensaje televisivo, el mandatario mexicano dijo que asumía "la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias, sino en la sociedad mexicana".
Señaló que se habían logrado acuerdos tras la presentación de un "pliego petitorio", como establecer "un plan renovado (...) de búsqueda de los estudiantes desaparecidos".
Pero De la Cruz dijo que más que peticiones se trataron de compromisos del presidente y señaló que cualquier otra reunión estará sujeta a que haya resultados.
La reunión, la primera entre padres y el presidente, se realizó a puerta cerrada en la residencia oficial de Los Pinos, en la Ciudad de México.
Los padres no han ocultado su frustración, coraje y dolor frente a una desaparición en la que participaron autoridades policiales.
"A mí me llena de coraje las actuaciones del gobierno", dijo Emiliano Navarrete Victoriano, otro padre. "Suponemos que debe de estar para ayudarnos, porque no somos sus ovejas para que nos maten a la hora que se les dé su gana", añadió.
Los familiares llegaron a la capital desde la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, en el sur del país, donde estudiaban los 43 desaparecidos. Parte del esfuerzo de las autoridades ha sido ir a lugares en los que se han hallado tumbas clandestinas con restos.
Hasta ahora, el gobierno ha dicho que se han localizado 11 fosas con 38 cadáveres, aunque ninguno corresponde al de alguno de los estudiantes. Tampoco se ha dicho quiénes serían las víctimas encontradas en esas tumbas.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías municipales en la ciudad de Iguala, a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México. El ataque cobró la vida de seis personas y la detención de los 43 alumnos, cuyo paradero se desconoce desde entonces.
Las autoridades han dicho que los policías entregaron a los estudiantes a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente por órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que supuestamente intentaba evitar que interrumpieran un discurso que ofrecía su esposa en esos momentos. Desde entonces, la pareja se encuentra prófuga junto con el jefe de la policía.
Por el caso han sido detenidas 56 personas, en su mayoría policías de las municipalidades vecinas de Iguala y Cocula, así como el líder principal de Guerreros Unidos, un grupo del narcotráfico surgido a raíz de divisiones internas al interior del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en 2010.
