Washington -- En momentos en que la reforma de las leyes de inmigración está empantanada en el Congreso, hispanos y asiáticos dicen que detener las deportaciones es más importante para muchos de los 11 millones de personas que viven en el país sin autorización que tener una vía a la ciudadanía, concluye un nuevo estudio.
Los resultados de dos encuestas dados a conocer el jueves por el Centro Pew de Investigaciones sacan a la luz un potencial conflicto para dos grupos de minorías que el año pasado votaron abrumadoramente por el presidente Barack Obama, quien está bajo presión de los partidarios de la inmigración para que use sus poderes ejecutivos y detenga las deportaciones.
Una fuerte mayoría de hispanos y asiáticos siguen respaldando un camino a la ciudadanía, 89% y 72%, respectivamente. Sin embargo, en una proporción de 55% contra 35%, los hispanos dijeron que poder vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente sin la amenaza de la deportación es más importante. Entre los asiáticos, la proporción fue de 49% a 44%.
Entre los dos grupos, los que no están naturalizados se muestran más inclinados a considerar más importante la eliminación de la amenaza de la deportación.
No todos los hispanos que emigran a Estados Unidos se naturalizan, según el estudio del Centro Pew: de los que han venido legalmente al país, sólo 44% se naturalizan, en parte debido al costo de los trámites y preocupaciones sobre el examen de inglés de la naturalización. Entre los inmigrantes de México, la mayor comunidad de origen, la proporción es menor, sólo 36%.
"No hay duda de que estos grupos desean una vía a la ciudadanía para las personas que viven en el país sin autorización, pero la encuesta también muestra que, especialmente para los hispanos, también está la amenaza de la deportación, que preocupa mucho más a sus comunidades", dijo Mark Hugo López, director de investigaciones del Centro Pew y autor del informe.
Anteriormente este año, el Senado aprobó un proyecto de ley integral para modificar las leyes de inmigración que fortaleció la seguridad de la frontera con México y estableció un período de 13 años para obtener la ciudadanía. Pero la actividad se ha estancado en la Cámara, controlada por los republicanos, y la cláusula de la ciudadanía es uno de los puntos contenciosos.
La demanda ha hecho aumentar la presión para que el presidente Obama tome medidas, como hizo el año pasado al detener la deportación para algunos jóvenes que llegaron al país cuando eran niños sin autorización. Durante el gobierno de Obama la deportación de inmigrantes sin autorización ha oscilado alrededor de 400.000 al año, y más de 9 de cada 10 deportados son de América Latina. Ese nivel sigue una tendencia al alza de las deportaciones que comenzó durante el gobierno de George W. Bush.
Cualquier medida que Obama tome para detener las deportaciones significaría que los inmigrantes que viven en el país ilegalmente les daría de hecho un alivio legal provisional; sin embargo, sólo una decisión del Congreso puede dar a los inmigrantes un estatus legal.
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